La IP exige abrir negocios pero rapidito
Agilización en los trámites para la apertura de negocios y evitar que se “burocratice” la regulación y verificación del funcionamiento de cada uno, fueron las peticiones que empresarios de todos los ramos hicieron a diputados locales, de cara a la aprobación de reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles.
Encabezados por Lorenzo Ysasi, presidente de Canaco Ciudad de México, y Juan de Dios Barba, titular de Coparmex en el DF, expusieron la necesidad de homologar y simplificar los trámites para arrancar micros o pequeños negocios.
“Menos requisitos, leyes sencillas, fáciles de cumplir, y ver a la autoridad como un colaborador del desarrollo económico y no como un enemigo del desarrollo, es lo que se necesita”, dijo Barba.
En conferencia, Ysasi explicó que los empresarios tardan de tres a cuatro años en regularizar sus negocios en el DF, lo que abre la puerta a las anomalías, pues “mientras más se complique la apertura de un negocio legal estamos promoviendo la apertura de negocios ilegales”.
Manifestaron su apoyo a las reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles, en especial a la que flexibiliza los tiempos para corregir “faltas menores o administrativas” sin que sea clausurado el negocio, como ocurre en 95% de los casos, sino con suspensión temporal.
Según datos de Coparmex y Canaco, en el último mes y medio se han intensificado las clausuras en las delegaciones Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Coyoacán, bajo principios que no obedecen a la ley.
“Cuando alegamos que no se puede cerrar el establecimiento por las causas que se están mencionando, la respuesta ha sido ‘háganle como quieran, pero la vamos a cerrar de todas maneras”, reveló Barba, quien ha detectado un incremento notable de clausuras a fin de año, para que “a través de las multas completen el presupuesto”.
Rechazaron la propuesta de los diputados y el jefe de Gobierno de crear un consejo ciudadano de vigilancia para los establecimientos, además de la incorporación de inspectores in situ, ya que trabarían el cumplimiento de la normatividad y representaría más gasto para los pequeños empresarios.


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